El pasado lunes, a eso de las dos de la tarde. Cibercafé Praga, en la localidad navarra de Tudela. Alberto Sánchez, dueño del local, se queda de piedra al ver que acceden al interior una jueza, un secretario judicial y dos abogados para interrogar por vídeoconferencia a una testigo que se encuentra fuera de España, porque su juzgado no tiene la tecnología precisa para ello.
Una de las partes propuso la iniciativa y, una vez aceptada por la magistrada, las susodichas personas se desplazaron al cibercafé.
El interrogatorio duró tres cuartos de hora, transcurridos los cuales los diligentes profesionales, que compartieron la sala con el resto de internautas y con la gente que degustaba sus cafés y consumiciones varias, pagaron los tres euros correspondientes al tiempo que estuvieron conectados.
La falta de medios económicos obligó al personal del juzgado a acudir a dicho local, a pesar de que una vídeoconferencia no es demasiado cara. Con una conexión a Internet medianamente presentable -unos 30 euros/mes- y una webcam, que se puede conseguir desde algo menos de 40 euros, la justicia española podría ahorrarse historias como la que acabamos de relatar. Indudablemente, lo que la salva son sus profesionales.
"Debe definitivamente desterrarse esta arcaica práctica, ajena a otras instituciones u organismos públicos". Son palabras del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, contenidas en una instrucción que hace un par de semanas envió a todos los fiscales.
En la circular, Conde-Pumpido les pide que utilicen las nuevas tecnologías en su trabajo (como si dependiera de ellos y no de las insuficientes dotaciones de las oficinas judiciales). Se acabaron las estilográficas a la hora de redactar los actos que deban quedar por escrito.
Así, los fiscales quedan obligados a usar la Red, el e-mail, los documentos electrónicos... Conde-Pumpido insiste: "Es evidente que se precisa de una profunda modificación de algunos de los usos y modos de actuación que, de modo sorprendente, han llegado hasta nuestros días" -¿pero esto por qué no se lo dice a sus superiores, en lugar de a sus subordinados?-.
El fiscal general del Estado sigue hablando de la "cuasi estructural situación de indigencia" del Ministerio de Justicia y de otros problemas que aquejan a su departamento, con ese tono tan peculiar -sí, y gracioso, por qué no decirlo- característico del lenguaje administrativo.
Pero, si creían que ya lo habían visto todo, sepan que esto no es nada comparado con los niveles tecnológicos a los que ha llegado la justicia inglesa. Allí, la jueza Caroline Ludlow utilizó el teléfono móvil para comunicar el veredicto al acusado. Aftab Ahmed, de 44 años, se dirigía a un tribunal de Ipswich para conocer la sentencia en un caso de quiebra fraudulenta.
Sin embargo, quedó atrapado en un monumental atasco de tráfico. Viendo que no llegaría a tiempo, llamó a su abogado para comunicarle el retraso y, al comentárselo éste a Ludlow, la jueza decidió llamar a Ahmed.
El acusado, tras confirmar a la magistrada que no estaba hablando mientras conducía y comprometerse a guardar silencio, oyó a través de su móvil cómo Ludlow le condenaba a 140 horas de servicios a la comunidad y al pago de una multa de 1.090 euros. Según el departamento de Justicia británico, es la primera vez que se dicta una sentencia a través del teléfono móvil. Nos lo creemos, por inaudito.
Pero todo este asunto de las nuevas tecnologías aplicadas al desempeño judicial plantea de primeras una pregunta: si un juez o su secretario ya pueden comunicarse con un abogado o un testigo mediante vídeoconferencia o teléfono móvil, ¿para qué sirven ahora los procuradores?
Si cualquiera puede garantizar ser quien es y que quede constancia fehaciente utilizando el e-mail y la firma electrónica, ¿dejarán las madres de recomendar a sus retoñas que matrimonien con notarios, pues el siglo XXI parece que se los va a llevar por delante?
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